LO NACIONAL-POPULAR Y LA PAZ

Hay sectores de opinión para quienes el proceso de paz culminó en noviembre cuando las FARC y el Gobierno del Presidente Santos firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el Acuerdo Final de paz. En consecuencia, lo que sigue es una fase puramente técnica e institucional de implementación de lo pactado. De esta opinión participan desde ciudadanos del común expuestos a una estrategia bien diseñada de desinformación y manipulación de los grandes medios, hasta el propio Gobierno y congresistas, convirtiendo esta opinión en lo que pareciera ser parte de una estrategia más general orientada a minimizar o a socavar los alcances reales del Acuerdo Final. De esta manera, lo que se pretende es reducir el pos-acuerdo o su fase de implementación a un asunto de trámite, sustraído de cualquier dimensión política. Aunque por razones diferentes, hay que reconocer que sectores de la izquierda y las campañas presidenciales de Claudia López, Jorge Robledo y Sergio Fajardo, participan de esta opinión bajo el supuesto de que el tema crucial del país en la coyuntura actual no es la paz sino el combate contra la corrupción. Nada más equivocado ni más peligroso al mismo tiempo.

En realidad, el acuerdo final, lejos de ser el momento final es el punto de partida del proceso de paz, el cual debe enfrentar la etapa más difícil y azarosa relacionada con la implementación de lo pactado y la garantía de su aseguramiento para el presente y para las futuras generaciones. Este es el mayor reto que la sociedad y el país deben encarar en el corto y mediano plazo, de ahí su importancia crucial en la coyuntura política actual. Lo que está en juego es nada más ni nada menos que la posibilidad de construir un país y una sociedad que erradique definitivamente la violencia como forma de acción política y se amplíe la democracia hacía la participación de nuevas fuerzas sociales y políticas como alternativas reales a la élite política dominante que por más de dos siglos ha sabido conjugar violencia, corrupción, impunidad y Estado de derecho sin temor a ser defenestrada del poder. La paz, aun en su versión minimalista como erradicación de la violencia del ejercicio de la política, es condición sine qua non para avanzar hacia las necesarias y profundas transformaciones sociales y políticas del país, aplazadas históricamente por las élites en el poder.

La corrupción y la impunidad son, sin duda, perversiones endémicas y gravísimas del sistema político colombiano desde su conformación en el siglo XIX hasta hoy, pero el llamado a su combate y erradicación no puede convertirse en sucedáneo de lo verdaderamente crucial para el país: la construcción de la paz. Una estrategia política inteligente deberá, por el contrario, articularlo discursivamente con la construcción de paz, ya que no es posible la soberanía de lo público y del bien común que es lo propio de la paz en Colombia, sin una lucha decidida contra la privatización de lo público, que es lo que en buena medida está en la base de la corrupción.

Esta construcción de paz pasa necesariamente por el trámite institucional y político del Congreso de la República tal como sucede en la actualidad, pasa también por el control de la Corte Constitucional, igualmente pasa por el diseño y ejecución operativa de lo acordado. Pero lo más importante, es que dicha construcción de paz pasa necesariamente por la construcción de un amplio consenso social y político, nacional y regional, sin el cual sus posibilidades reales de implementación se verían truncas y sometidas a la amenaza continua de ser reversadas por coaliciones políticas enemigas del proceso, como el uribismo, el vargasllerismo, los generales en retiro agrupados en Acore, grupos empresariales e incluso instituciones del propio Estado como la Fiscalía General de la Nación en cabeza de su director, Néstor Humberto Martínez. Pero decir consenso nacional, no equivale a decir acuerdos por arriba, de cúpula entre los partidos políticos y el Gobierno Nacional. Esto significaría dejar la suerte del proceso de paz en manos de la misma élite politiquera y corrupta que desde un comienzo ha pretendido reducirlo a su más mínima expresión o a desvirtuarlo por completo. Construir un consenso nacional popular por la paz, tal como lo requiere el país, significa asumirlo y crearlo desde abajo, a través de la participación activa del pueblo, convocándole a la más amplia, vigorosa y sostenida movilización que lo dote de la legitimidad necesaria y se convierta en garantía de su implementación efectiva y sostenida en el tiempo. Ese es el gran desafío a encarar: convertir la paz en tema y propósito nacional de primer orden.

Los primeros llamados a convertirse en voceros de esta convocatoria son, sin duda, quienes participaron en la campaña plebiscitaria por el Sí a la aprobación de los Acuerdos. No hay ninguna garantía real, no sólo de que los acuerdos de paz serán implementados, sino incluso de que no puedan ser reversados. De hecho, esta es la apuesta presidencial del uribisno y de todas las fuerzas de ultraderecha coaligadas a su alrededor. La inercia de la ciudadanía y la impasibilidad del Gobierno favorecen dicha apuesta. No es muñequeando por arriba la fórmula de un “gobierno de transición por la paz” como quieren las FARC, que se garantiza la implementación de los Acuerdos, sino a través de la movilización ciudadana masiva. Esta movilización como proceso político deberá crear así mismo nuevas realidades políticas, que se conviertan en los pilares centrales de un nuevo gobierno alternativo y democrático frente a las élites políticas dominantes, sean santistas, uribistas o vargaslleristas.

Pero este escenario de futuro posible no puede efectuarse en abstracto, requiere poner en el centro la formación ciudadana, la difusión y discusión de los Acuerdos, la convocatoria a la plaza pública, a las redes sociales, a cabildos, a asambleas populares, universitarias, barriales, en el campo y en los centros urbanos. Tales convocatorias deben articularse a las propias reivindicaciones populares en términos de vida digna, empleo, salud, educación, libertades y participación. Requiere exigir que se detenga la reedición del genocidio de la UP, que se detenga el baño de sangre que se cierne sobre los líderes sociales, populares y de derechos humanos, mientras en los recintos del establecimiento se “aprueba” la paz, que se den garantías reales de respeto a la vida y las libertades de los líderes sociales y comunitarios, y que el gobierno se comprometa a fondo con el desmantelamiento del paramilitarismo, que lejos de actuar como “bacrim” es punta de lanza armada de la ultraderecha enemiga de la paz. Es la hora de la política, de la política densa, no de la moralidad.